Las federalizaciones de la educación básica
En México se han dado dos procesos de federalización, que corresponden a dos decisiones con el mismo nombre pero con dos diferentes sentidos, una al principio y otra al final del siglo del siglo XX, cuya finalidad explicita fue mejorar la atención educativa para toda la población del país, mediante la asignación diferenciada de facultades y responsabilidades a los diferentes niveles de gobierno reconocidos por la constitución: la federación, los estados y los municipios.
La primera acordada al crearse la SEP, a principios de la década de los veinte, con lo que se inicia el largo camino hacia la centralización educativa, aprovechando la facultad otorgada al gobierno federal de fundar escuelas y auxiliar a las entidades federativas (Loyo, 1999:49).
Así, el gobierno federal llego a operar directamente más del 70% de las escuelas del país en el sistema básico; propició la enorme expansión del sindicato nacional de trabajadores de la educación, que respondió únicamente a la autoridad de la SEP, al tiempo que crecía la educación en el país, se incrementa el número de afiliados, recursos, campos de acción y prebendas, muchas de ellas se incorporaron a la legislación laboral del país; finalmente, unifico propuestas, programas, contenidos, libros de texto.
Para los años de los setenta, los excesos de esta centralización se hicieron ya evidentes; seria ineficiencias en el pago de sueldos, trámites, cambios de adscripción, distribución de libros de texto, y de desayunos escolares, mantenimiento de escuelas, supervisión efectiva y un largo etc., pero lo más importante fue la falta de contenidos de interés tanto regional como local en los planes, programas de estudio y libros de estudio, al igual que la participación de los actores locales y regionales en las decisiones sobre la educación nacional.
Distintos esfuerzos de desconcentración primero (1978) y descentralización después (1983) que resultaron ineficientes y no logrados: se crearon estructuras adicionales como las unidades de servicios educativos a descentralizar.
La segunda federalización tiene correspondencia con uno de los tres puntos centrales de la firma del acuerdo nacional para la modernización de la educación básica en mayo de 1992, en donde el gobierno federal traspasa y el estatal recibe los establecimientos escolares con todos los elementos de carácter técnico y administrativo, derechos y obligaciones, bienes muebles e inmuebles con los que la SEP venía prestando los servicios educativos en cada entidad federativa así como los recursos financieros utilizados para su operación.
En ese momento, 25 entidades federativas tenían operando su sistema escolar financiado y operado por el gobierno federal. Sólo 5 estados coexistían de manera equilibrada un sistema estatal de educación básica con el federal: Jalisco, México, Nuevo León, Sinaloa y Veracruz (Latapí y Ulloa, 2005:55). Se traspasaron entonces a los gobiernos estatales 68 mil 932 escuelas primarias, 9 mil 436 secundarias, 349 mil 435 maestros de primaria, 148 mil 637 de secundaria, 116 mil puestos administrativos, 22 millones de bienes muebles y 13.5 millones de alumno (De Ibarra, 1995:266).
Propuestas:
La primer propuesta se refiere a la creación de una entidad desconcentrada denominada Administración Federal de servicios educativos en la Ciudad de México, información que fue dada a conocer por el entonces Secretario de Educación Pública Reyes Tamez el 23 de septiembre de 2004 en una reunión con comisiones unidas de presupuesto y cuenta pública y servicios educativos de la cámara de diputados, que formaban parte de una de una obligada reestructuración de la Secretaria de Educación Pública, que la obligaba según el presupuesto aprobado para el año 2004, a reducir de 5 subsecretarias a sólo tres. En esta propuesta tendría también la finalidad de iniciar la transferencia de los servicios de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, especial para indígena y adultos, así como la de actualización del magisterio del D.F., de ser aprobado, la antigua subsecretaría de servicios educativos del D.F. pasaría a constituir esa entidad.
Ese proyecto estaría a cargo de la secretaría de la función pública y sólo faltaría que fuese publicado en el diario oficial de la federación.
La segunda propuesta se refiere al dictamen ya aprobado por la cámara de diputados en el que se acuerda adicionar una base sesta al artículo 122 constitucional. En esencia se trata de obligar al gobierno del D.F. a aportar con cargo a su presupuesto, un porcentaje similar al que los demás entidades federativas destinan al financiamiento de la educación básica, lo que representaría una erogación por parte de D.F. de unos 4 mil millones de pesos.
Con esto se pretende suprimir el régimen de excepción del que hasta ahora ha disfrutado el gobierno de la ciudad; ya que nuestra ciudad es la única entidad federativa que la educación básica que en ella se imparte es financiada cien por ciento por la federación.
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